Los invitó a leer este artículo en el blog de Visón 7 Internacional.
Sábado 2 de julio de 2011/ Redacción: Alejandra Peña/ Edición: Paolo Menghini/ Visión Siete Internacional/ José Claudio Ribeiro Da Silva y María do Espírito Santo da Silva fueron asesinados el pasado 24 de mayo en una reserva ambiental en el estado de Pará, Brasil, donde vivían desde hacía más de veinte años, subsistiendo con la extracción artesanal de cañas.
La pareja vivía en el llamado Proyecto Agroextractivista Praialta Piranheira, una reserva de más de 20 mil hectáreas en plena Amazonia, en la que residen 500 familias, y donde está permitida la explotación sustentable de nueces, frutos y caucho, no así la tala de árboles.
Ambos eran activos dirigentes del Consejo Nacional de Poblaciones Extractivistas de Pará, una organización no gubernamental fundada por Francisco “Chico” Mendes, el conocido líder ecologista asesinado en 1988, y se habían cansado de denunciar amenazas de empresarios madereros interesados en invadir la reserva para talar especias de árboles de alto valor comercial.
Da Silva y su esposa había advertido el año pasado que corrían el riesgo de seguir la suerte de Mendes y de Dorothy Stang, una monja estadounidense asesinada también en Pará, por defender a campesinos sin tierra. Sin embargo, nunca obtuvieron protección policial.
Contemporáneamente al homicidio de los Da Silva, otras tres personas fueron asesinadas en zonas rurales de Pará, pero en las últimas cuatro décadas el número de crímenes en las zonas rurales brasileñas alcanza a 1580, y sólo uno de los responsables está en prisión.
La Comisión Pastoral de la Tierra, un organismo vinculado a la Iglesia católica que estudia los casos de violencia contra campesinos en Brasil, publicó una lista con 125 activistas amenazados de muerte en el país. De ese total, 30 residen en Pará, un estado donde la impunidad está a la orden del día.
Luego de estos últimos asesinatos, el gobierno de Dilma Rousseff movilizó a la Fuerza Nacional de Seguridad Pública, en un operativo denominado Defensa de la Vida, una acción coordinada entre las policías militar y civil del estado con la policía Federal y las fuerzas armadas.
Esta ola de crímenes contra activistas ambientales y sociales en la Amazonia, coincide con la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo Código Forestal, una de las primeras derrotas sufridas por Rousseff en el Parlamento. Aunque aún resta la aprobación del Senado y la presidenta ya anticipó el veto de los puntos más polémicos, calificando la aprobación como “una vergüenza para Brasil”, el proyecto suaviza la protección de la selva y posibilita el avance de la producción agrícola en un país donde el 1 por ciento de la población posee el 46 de las tierras aptas para el cultivo. La ley nacional vigente establece que los establecimientos agrícolas en la Amazonia deben mantener un 80 por ciento de cobertura forestal.
El nuevo código deja exentos de esta norma a los pequeños agricultores, propiciando que los grandes terratenientes dividan en los papeles sus terrenos entre familiares y desaten una verdadera catástrofe ecológica.
El Código Forestal implica además una amnistía para las empresas que hayan talado bosques y selvas en zonas menores a 400 hectáreas hasta mediados de 2008, y traslada la responsabilidad del cuidado de las reservas protegidas hasta ahora por la Nación a los estados y municipios. Así, el control de los crímenes y abusos pasaría a depender de los gobernantes locales, muchas veces cómplices de las mafias y los grandes terratenientes.
La deforestación en la Amazonia se multiplicó por seis desde 2010, según imágenes satelitales difundidas por el gobierno brasileño. Sólo entre marzo y abril de 2011 se destruyeron 593 kilómetros cuadrados de bosques. El gobierno del Partido de los Trabajadores respondió a estos datos nombrando un grupo de emergencia para investigar las causas.
Paradójicamente, al mismo tiempo, Rousseff acaba de autorizar la construcción de una megarrepresa hidroeléctrica en Belo Monte, sobre el río Xingú, en plena Amazonia, pese a las protestas de los ambientalistas, los pueblos originarios, la Organización de Estados Americanos e incluso el ministerio de Medio Ambiente. Los opositores al proyecto temen que la obra genere problemas sociales y ambientales ya que la represa inundará 516 kilómetros cuadrados y desplazará a 16 mil personas de sus tierras.
La violencia social y política en la Amazonia dejan al descubierto una vez más la desigual lucha en torno a los recursos del principal pulmón del planeta. Los seis mil millones de dólares anuales y los 170 mil puestos de trabajo que podría generar el negocio de la tala sostenible en el Amazonas son utilizados como arma de batalla por los defensores del nuevo código forestal, soslayando los 86 millones de hectáreas de selva que serán puestas en riesgo si cambia la política medioambiental brasileña: una posición compartida por los últimos diez ministros de Medio ambiente que ha tenido Brasil desde 1973 quienes, a través de una carta común dirigida a Dilma Rousseff, la instan a impedir un “desastre ambiental anunciado”. © Noticiero Visión Siete/ TV Pública/ Argentina
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