En las columnas que hemos compartido hasta el momento, frecuentamos temas de política interméstica, ya que un problema externo ha tenido el potencial de alterar el equilibrio político afectando intereses particulares al interior del país. Se ha denominado a esta posición “malvinización de la política exterior” de la Argentina , término con el cual no estoy de acuerdo ya que como he dejado asentado, mi posición es de apoyo a la estrategia que se ha adoptado hasta el momento. Pero justamente, como ya he tratado esta temática, para el día de hoy quería retomar el que continúa siendo el tema central en marco de la agenda internacional, y es la crisis económica a nivel mundial. Para esto, nos enfocaremos en el caso de España.
Igualmente, este tema es de incumbencia para los ciudadanos argentinos, ya que a partir de la crisis del año 2001 de 36429 inmigrantes argentinos en España se trepó a 150242 en el año 2006. Sin embargo, la crisis económica española ha afectado de manera tal la generación de empleos, que en el 2011 la cantidad de inmigrantes argentinos había bajado hasta 120012. España es el principal destino elegido por los inmigrantes argentinos representando un 28.40%, por encima de los EEUU (17.86%) y Paraguay (7.65%). Vale decir que la primera ola de emigración se produjo durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, teniendo como destinos principales a España, Estados Unidos, México y Venezuela. Pero a partir de los años 1990, debido a que se suprimió la necesidad de las visas entre la Argentina y Estados Unidos –cuestión que ya no es tal- mucha cantidad de argentinos emigraron hacia el país norteamericano. La última ola de emigración se dio –como mencionara antes- durante la crisis del año 2001, siendo el principal destino Europa, y en especial España, aunque también se produjo un aumento de la emigración hacia países vecinos, en especial Brasil, Chile y Paraguay.
¿Por qué traigo a colación esto? Por los controles migratorios rigurosos que se están aplicando desde el año 2002, especialmente a los latinoamericanos, quienes no necesitan visa de ingreso a España. Esta situación se produce más allá de que el ex presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, prometió un trato acorde a los vínculos históricos entre ambos países. Los extranjeros deben presentar
“(…) pasaporte válido con vigencia no menor a seis meses, pasaje ida y vuelta con una fecha de retorno no superior a los 90 días, período máximo de permanencia en la UE , y seguro médico de viajero. También deben demostrar solvencia económica a través de una tarjeta de crédito o dinero en efectivo y/o cheques de viajero, con un promedio disponible de gastos de 57 euros por día de estancia o un mínimo de 513 euros en efectivo. Asimismo, los turistas tienen que presentar la reserva del hotel donde se van a alojar o una nota de invitación emitida por un residente en España, donde vaya a alojarse, realizada ante la Policía nacional. Este último requisito de entrada es el que más dificultades está generando, ya que obliga a los turistas a reservar hoteles con anticipación, lo que limita especialmente a los más jóvenes que van a recorrer Europa” (Puntal, 2008).[1]
Introduciéndonos en la situación económica de España, el desempleo alcanzó a finales de febrero un nuevo récord, con más de 4,7 millones de desempleados, de acuerdo al Ministerio de Empleo -tiene la tasa de desempleo más elevada de los países industrializados- y las previsiones del Gobierno son que seguirá aumentando en 2012 hasta alcanzar una tasa media del 24,3%, o sea 6 millones de desocupados. El sector económico más importante de España ha sido la construcción, y debido a la crisis del mismo –es el quinto año que presenta desaceleración- se espera que el país entre en recesión en el 2012. A su vez se conoció que el déficit público español en 2011 ascendió al 8,51% del PIB, muy por encima del objetivo del 6%. Según el gobierno de Mariano Rajoy, perteneciente al Partido Popular de corte conservador, estas cifras justifican la reforma laboral tan criticada en estos días.
El 10 de febrero se aprobó una nueva reforma para flexibilizar el mercado laboral, incluyendo una rebaja de las indemnizaciones por despido, contrato para impulsar las contrataciones indefinidas de jóvenes en las pymes, los convenios que prevalecerán serán entre la empresa-trabajador y no los colectivos que puedan gestionar los sindicatos entre otros puntos. La aplicación de la flexibilidad laboral requiere de un proceso de desregulación del mercado laboral basado en la libertad de contratación y el contrato individual de trabajo, flexibilizando los antiguos mecanismos logrados por los sindicatos en el siglo XX. Se permite así mejorar los servicios, mayores oportunidades a las empresas y a las personas, en un contexto donde las estructuras rígidas y las legislaciones abultadas y complejas resultan en impedimentos a ser superados en pos de mayor libertad para la población económicamente activa.
Ésta medida más los recortes anunciados en marco de las comunidades autónomas –se ha solicitado a las comunidades autónomas recortes que alcancen 10 mil millones de euros y despidos de empleados públicos- provocó una ola de manifestaciones en todo el país, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. Aunque, hay que señalar que, el recorte se debe a que ha existido una expansión del gasto público durante ocho años que tarde o temprano se tornó insostenible. La cuenta en sencilla: se gastaba más de lo que ingresaba. Allí radica el problema, el cual ya he manifestado se puede reproducir en nuestro país, sino se reduce el gasto público y comienza una fuerte redirección de los fondos para invertir y atraer inversión extranjera.
El contexto es complejo para una España que supo ser atractiva para los inmigrantes latinoamericano, los cuales ven en estos datos factores de expulsión. La realidad marca que la crisis económica se ha instalado en el país ibérico, derrumbando la frase de que “allá –por España- no hay crisis, sino que no están acostumbrados como nosotros a soportarlas”.
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